Lázaro Báez pide un descuento

  • Viernes, 10 de Julio de 2020 | Paí­s

Los abogados de Lázaro Báez insistieron ayer en que la fianza de 632.500.000 pesos, fijada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4, para la excarcelación del empresario santacruceño es "exorbitante" y recordaron que existe un "impedimento legal" para abonar esa suma, en el marco de las negociaciones que realizan para lograr un "seguro de caución" que permita la libertad de su defendido.

En tanto, respecto del lugar donde pasaría el arresto domiciliario, la abogada Elizabeth Gasaro, manifestó que están estudiando "un plan B" a su casa de country Ayres, de Pilar, tras una protesta que realizó el miércoles último un grupo de vecinos en contra de esa posibilidad.

Luego de que el TOF 4 dispuso la excarcelación bajo fianza del empresario, en la causa que investiga supuesto lavado de dinero, los letrados Juan Martín Villanueva y Gasaro presentaron un escrito en el que recordaron al tribunal que Báez se encuentra detenido hace ya más de cuatro años y que "todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas y/o embargadas".

"Ahora presentamos un escrito pidiendo la reducción de la fianza y hay que recordar que, desde el día uno de la detención de Lázaro, se apropiaron de todas sus empresas", señaló la letrada.

Sobre el lugar de detención, y en particular, la vivienda del country, la letrada explicó que "esa es su propiedad" y que "Lázaro no tiene otro domicilio adonde ir".

"Me asombró la manifestación –dijo en referencia al cacerolazo–. Está bien porque estamos en democracia y la gente se puede expresar como quiere. Sí vi que violaron la cuarentena porque se supone que esas reuniones están prohibidas hacer, pero más allá de eso pueden manifestarse".

Gasaro explicó que "él no tiene otro domicilio, esa es su propiedad y no es que está pidiendo asilo en el country. Les puede gustar o no, pero lamentablemente es su domicilio".

Los jueces del TOF 4 dispusieron que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.