El bloque de concejales de Juntos por el Cambio envió ayer una nota al Concejo Deliberante para solicitar que ese organismo emita una opinión en relación a lo sucedido en la asamblea de ediles y mayores contribuyentes que se realizó el miércoles 10 pasado, en la que se trató la toma de un empréstito por hasta 500 millones de pesos para la adquisición de tres quintas con destino a viviendas.
Las dos cuestiones que hacen dudar sobre la legalidad de la reunión tienen que ver con que los mayores contribuyentes que fueron citados para participar en la asamblea no recibieron en tiempo y forma el contenido del dictamen tratado, a lo que se suma que durante el transcurso de la misma no se eligió a un contribuyente y un concejal para que suscribieran el acta de lo tratado.
No se cumplió con la Ley Orgánica
La nota enviada al Tribunal fue suscripta por el presidente de la bancada opositora, Rodolfo Serritella, y el resto de los integrantes del bloque y tuvo el propósito, según lo expresado, de que el organismo “determine la viabilidad y constitucionalidad de la ordenanza”, la cual, afirmaron los ediles, carece “de las formalidades previstas en los artículos 98 y 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
El primero de los artículos mencionados señala que la convocatoria a los concejales y mayores contribuyentes que deban participar de la asamblea debe estar acompañada de la “copia del despacho a tratar”. Los ediles de Juntos señalaron que, en este caso, los convocados a la reunión fueron notificados “mediante un mensaje de WhasApp” y “sin adjuntar la ordenanza preparatoria necesaria para su votación”.
También se señaló que, en el comienzo de la asamblea, el concejal Ignacio Orsini, integrante del bloque, señaló la omisión en la que se había incurrido, pero la presidencia del cuerpo, a cargo de Tomás Domínguez, “se limitó a leer por secretaría el despacho que se ponía a votación”.
En segundo lugar, se señala que no fue cumplido el artículo 103 de la Ley Orgánica, que la asamblea “designará, además del presidente y el secretario, un concejal y un mayor contribuyente para redactar el acta y firmarla”. En este caso, ese paso tampoco se cumplió.
Asimismo, se recordó que tras la asamblea del miércoles comenzó una sesión ordinaria del Concejo, en la que desde Juntos se señaló la omisión mencionada. Según lo consignado, esto motivó que se dispusiera un cuarto intermedio, con el fin de ver si se podía subsanar el error, pero en dicha instancia “no se registró respuesta alguna” de parte de las autoridades del cuerpo “y se continuó con la sesión sin más”.
“No queda otra alternativa”
Por todo ello, concluyeron los concejales, “resulta claro” que la ordenanza no fue aprobada “en las condiciones expresamente determinadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Luego agregaron: “No queda otra alternativa, a entender de este bloque, que efectuar un segundo llamado a la asamblea, tomando los recaudos necesarios de forma y en los tiempos establecidos para dicho proceso”.
La asamblea aludida tuvo una votación que finalizó empatada en 18 y se definió por el doble voto del presidente del cuerpo. Días atrás, el intendente, Darío Golía, admitió la posibilidad de que, debido a estos errores legales que se cometieron, la reunión tenga que repetirse.
