Corrupción en el Corralón: finalizó la ronda de indagatorias

Con la declaración de un segundo proveedor municipal, el lunes último finalizaron las seis indagatorias que habían sido dispuestas por la Fiscalía de Chacabuco, en el marco de la investigación por las irregularidades ocurridas en el Corralón Municipal durante 2022 y comienzos de 2023. Con estos elementos, en las próximas semanas se debería definir cómo continuará la causa.
En la primera tanda de declaraciones, dos semanas atrás pasaron por la Fiscalía los exfuncionarios Juan Carlos Gómez, Gabriel Vespasiano y Pablo Alegre, mientras que días después lo hicieron la contadora Lorena Postararo y el proveedor Marcos Batista. Finalmente, el lunes declaró un segundo proveedor, Bernardo Burghetti, que dijo haber participado normalmente en concursos de precios por distintas obras, algunas de las cuales le fueron adjudicadas y otras no.
“A mí sólo me contrataron para determinadas obras y las hice”, expresó Burghetti, que fue asistido por un defensor oficial, que dijo dedicarse a hacer trabajos de plomería y electricidad y ser primo de Alegre, que en ese momento era jefe del Corralón.
Alegre, señaló, le dijo que si se inscribía como proveedor municipal podía realizar algunos trabajos. Así lo hizo y posteriormente presupuestó una serie de tareas, principalmente en las instalaciones del Corralón, algunas de las cuales le fueron adjudicadas y llevó a cabo con dos empleados.
Luego le ofreció a Alegre realizar la pintura de un sector del cementerio, que era algo en lo que no había interesados. Acerca de esto, señaló, le propuso a su primo que si él le conseguía algunos empleados, porque no tenía personal suficiente, podía hacerla. Al parecer, los ayudantes que se le consiguieron eran empleados municipales.
“Yo no sabía que eran empleados municipales, y a esa gente le pagamos el día. Le pagaba Pablo a esos empleados”, expresó el proveedor, que dijo conocer sólo “de vista” a Vespasiano y Gómez.
“Todo esto a mí me perjudicó, porque tengo muchos clientes y la mala imagen que me hicieron me perjudica”, expresó Burghetti, que también consideró que “si alguien hizo algo malo fueron los otros imputados”, pues él solo se dedicó “a trabajar”.
El proveedor se encuentra imputado de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y falso testimonio.
Con los elementos recolectados en estas semanas, la Fiscalía deberá decidir ahora si debe realizar ampliaciones de las indagatorias o citar a más personas, pues a través de los testimonios fueron involucrados otros funcionarios de ese momento, como autoridades de la Oficina de Compras. También podría disponerse requerir la elevación de la causa a juicio. En ese caso, el juez que intervenga deberá dictaminar si acompaña el pedido y, en ese caso, determinar los procesamientos.