Como ya había ocurrido semanas atrás, el Concejo Deliberante de Chacabuco tuvo ayer una sesión de muy larga extensión. En este caso, la reunión dio comienzo a las 14.00 y continuaba al cierre de esta edición. Uno de los temas más debatido fue el proyecto de ordenanza de Unión por la Patria que propone incorporar al Reglamento Interno del cuerpo, un artículo que plantea la expulsión de los ediles que tenga expresiones negacionistas con respecto a la dictadura militar de 1976-1983. En este punto hubo algunos duros cruces entre concejales, especialmente entre Ezequiel Martín, de La Libertad Avanza, y Fernando Lescano, de Unión por la Patria.
El proyecto se basó en un antecedente ocurrido el año pasado, cuando, en el día de la Memoria, la exconcejal Silvia Gorosito, de Juntos por el Cambio, publicó en las redes sociales un mensaje jocoso referido a los llamados “vuelos de la muerte”, en los que personas que estaban detenidas en campos de concentración de la dictadura eran arrojados al mar.
En aquel momento, Unión por la Patria planteó la expulsión de la exedil, que antes de la sesión en que iba a tratarse el planteo presentó la renuncia como concejal, que fue aceptada por el mayoritario bloque de Juntos. Más allá de eso, meses después Gorosito recibió una sentencia en contra en una causa iniciada con una denuncia por apología del crimen que realizó la Comisión Provincial por la Memoria.
Al tratarse el proyecto en la sesión de ayer, habló en principio el presidente del cuerpo, Tomás Domínguez, para quien Chacabuco debería “ser pionero en repudiar el negacionismo”.
Igualmente, el concejal aclaró que en la Argentina el negacionismo aún no está tipificado como delito, como sí ocurre en otros países, entre ellos Alemania. Domínguez propuso enviar el proyecto a comisión, para mejorarlo a través de la consulta con personas destacadas en los ámbitos del derecho y de los derechos humanos.
El siguiente orador fue Alejandro Cieri, del Pro, que anticipó el rechazo de su bloque al proyecto, incluso del de su pase a comisión. El concejal basó el desacuerdo con la iniciativa en cuestiones técnicas y jurídicas, así como políticas.
“No hay un bien jurídico lesionado”
Por empezar, señaló que el reglamento interno del Concejo directamente no contempla causas de expulsión de un edil, mientras que la Ley Orgánica de las Municipalidades sí las prevé, pero para el caso de que haya delitos dolosos.
“Con el negacionismo no hay un bien jurídico lesionado”, expresó también el abogado Cieri, que además señaló la importancia de no cercenar la libertad de expresión.
Le siguió en la palabra el edil Lescano, para quien el proyecto de Domínguez busca “instalar el tema” y que quienes son negacionistas “no se hagan los tontos”.
Posteriormente, Martínez adhirió a las palabras de Cieri y se preguntó qué es el negacionismo, para lo cual acudió a la definición de la Real Academia Española, que no es muy precisa.
Según el concejal de la Libertad Avanza, “el uso” de la palabra negacionismo que hacen los autores del proyecto “carece de sentido”. Luego el edil la emprendió contra Lescano, al que acusó de ser un “difamador serial”, ya que, señaló, en distintas notas realizadas luego de la sesión hecha días después del Día de la Memoria, definió al representante de La Libertad Avanza como negacionista.
“El concejal solamente se abocó a difamarme, lo cual no voy a permitir bajo ningún punto de vista”, expresó Martínez, que le reclamó a Lescano que pida disculpas por sus dichos. El concejal aludido pidió luego la palabra, pero no para pedir disculpas, sino para ratificar sus dichos sobre el concejal libertario, el cual, afirmó, en la anterior sesión brindó un mensaje sobre el Día de la Memoria en el que habló de “dar una vuelta de página, cuando no se sabe dónde están los cuerpos de los desaparecidos”. También consideró que Martínez “aboga por una teoría de negar que hubo terrorismo de Estado”.
“No diga algo de lo que se pueda arrepentir”
“Concejal, no diga algo de lo que se pueda arrepentir”, le advirtió Martínez mientras Lescano hablaba. En ese tramo, la sesión estaba siendo presidida por la concejal Claudia Sosa, de La Libertad Avanza, que pidió a ambos concejales que se respetaran y los invitó a conversar fuera del recinto sobre las diferencias que pudieran tener.
A todo esto, faltaba la palabra de los radicales, que se expresaron a través de Rodolfo Serritella y Alejo Pérez. El primero de ellos señaló el compromiso de ese partido con los derechos humanos, reivindicó la figura de Raúl Alfonsín y coincidió con los ediles de Unión por la Patria en enviar el proyecto a comisión. En tanto, Pérez se manifestó contrario en cercenarle la expresión a los negacionistas, pues la mejor forma de dejarlos expuestos, consideró, es dejándolos hablar.
Quien le respondió fue Julieta Garello, de Unión por la Patria.
“Nosotros no hablamos de prohibir la libertad de expresión. Lo que decimos es que quienes reivindican el terrorismo de Estado no lo hagan desde una institución democrática como el Concejo Deliberante”, expresó Garello, que luego insistió: “Si tienen los cojones de defender a los genocidas, que lo digan a viva voz, pero no desde este cuerpo”.
El debate se extendió mucho más e incluyó una intervención de la edil Sosa, que consideró que “pensar distinto no nos transforma en negacionistas”.
Pasadas las cinco de la tarde llegó el momento de la votación, y se impuso la posición de enviar el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos. Votaron en ese sentido los ocho ediles de Unión por la Patria, los cuatro de Juntos por el Cambio y la concejal Sosa, mientras que los tres integrantes del bloque Pro y Martínez optaron por rechazarlo directamente