El Gobierno enviará un proyecto para eliminar las PASO, entre otras reformas

El Gobierno anunció ayer que enviará al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las PASO, la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.
Al justificar la intención de eliminar las PASO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que, desde su creación, las primarias «han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos».
«Sólo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces», argumentó.
Asimismo, remarcó que desde su introducción en 2011, únicamente «hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40 por ciento no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5 para poder participar después de las elecciones generales».
Sobre la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno la justificó en el objetivo de «mejorar la representatividad» electoral y evitar la proliferación de «sellos de goma» cuyo objetivo es «recaudatorio», según subrayó Adorni.
De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con «0,5 por ciento de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3 por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas».
En el caso de los partidos nacionales, «se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones», precisó la Presidencia.
A su vez, se presentará «una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa».
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas.
Según expresó Adorni, con esta iniciativa se busca “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.
De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma en el parlamento, serían «el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas», por lo que «quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales».
Asimismo, en caso de aprobarse el proyecto, se reduciría la prohibición de hacer encuestas de «ocho días a tres días anteriores a cada elección», y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral».
Varias de estas medidas, sin embargo, empezarían a aplicarse desde los comicios presidenciales de 2027.
Según aseguraron, todos estos cambios fueron consensuados con la Cámara Nacional Electoral, y se “estudiaron todos los proyectos” de los otros partidos para hacer modificaciones de este tipo. Pero se avizora una discusión caliente: el Pro y la UCR ya se mostraron en contra de la supresión de la PASO, que les sirve para ordenar sus dispersos espacios, y es poco probable que el kirchnerismo acompañe una medida libertaria.
El proyecto, creen en el oficialismo, tendrá una consecuencia que el Gobierno asegura que no buscó: la desregulación del debate presidencial. “Estaba institucionalizado por las PASO, que especifican que pueden debatir aquellos candidatos que hayan sacado más del 1,5 por ciento de los votos. Ahora, al no estar regulado, cada postulante deberá arreglar con el resto y con los medios de comunicación para llevarlo a cabo”, sostuvieron en la Casa de Gobierno.