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ejercicio municipal de 2022

El Tribunal de Cuentas multó al exintendente Víctor Aiola y exfuncionarios

En una resolución relacionada con el ejercicio económico municipal de 2022, el Tribunal de Cuentas de la Provincia multó por más de 7 millones de pesos al exintendente Víctor Aiola, a quien también se le aplican algunos cargos. También hubo sanciones económicas para algunos funcionarios que lo acompañaron, así como advertencias a otros.
En un informe publicado por el sitio Chacabuco en Red se consignó que los auditores del Balance de 2022 encontraron, entre otras cosas, “extralimitaciones en el uso de los créditos presupuestarios y desequilibrio financiero”.
En un segmento del dictamen, el Tribunal expresó que en el ejercicio mencionado se verificó “un desequilibrio financiero de 95.984.521,85 pesos”. Ante esto, la Relatoría del organismo que analiza las cuentas de Chacabuco “solicitó la constancia de elevación al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, de la fundamentación y justificación del mismo junto con un plan de saneamiento, formulando observación al respecto”. Sin embargo, sobre esa cuestión “no se ofrecieron descargos ni se aportó el antecedente solicitado”.
El Tribunal consideró como mayores responsables de lo ocurrido al exintendente Aiola y a Esteban Güida y Estela Ferrari, que en ese momento se desempeñaban como secretario de Hacienda y contadora municipal.
En el dictamen también se hicieron objeciones por la no implementación, por parte de la Municipalidad de Chacabuco, del Rafam, que es el sistema a través del cual puede seguirse la evolución económica de la Comuna en forma cotidiana. También se cuestiona la desactualización del Boletín Oficial Municipal.
Más allá de eso, y de las sanciones aplicadas, el artículo primero de la resolución expresa la aprobación de “la rendición de cuentas de la Municipalidad de Chacabuco ejercicio 2022”.
Luego hay una serie de artículos en los que se especifican las multas aplicadas a Aiola, Ferrari y Güida. Además, en uno de ellos se incluye una amonestación a la tesorera de ese momento, Mariana Castronuevo, y al presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera. También hay llamados de atención dirigidos a los dos secretarios de Obras Públicas que hubo ese año, que fueron los ingenieros Fabio Oscar Di Palma y Eduardo Martín Juliá.
De todos modos, los exfuncionarios sancionados tendrán la posibilidad de realizar los descargos y reclamos correspondientes.

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