Con el respaldo de Mauricio Macri, Carolina Stanley revocó el protocolo para abortos no punibles

  • Jueves, 21 de Noviembre de 2019 | País

En un mismo día, el gobierno nacional puso en vigor una resolución en la que actualizó el protocolo de aborto no punible, en el que incluyó una autorización para que adolescentes menores de entre 13 y 16 años accedan a esa práctica  sin intervención de sus padres y excluyó la posibilidad de que médicos se nieguen a hacerla alegando objeción de conciencia de modo institucional, y luego anunció que dará marcha atrás y la  dejará sin efecto. 

La resolución que actualizó el protocolo, que regula cómo deben actuar los hospitales y otros centros de salud ante casos de aborto que el código penal no pune –embrazo por violación o que pone en riesgo la salud de la madre–, fue firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y publicada en el Boletín Nacional, por lo que al menos por algunas horas estuvo vigente. Pero en cuanto comenzó a conocerse su contenido, las críticas internas del oficialismo fueron creciendo, al punto que la diputada nacional electa Dina Rezinovsky le pidió la renuncia.

El protocolo había sido creado en 2015 –antes regía la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles–, luego de que la Corte, en 2012, dictó en fallo FAL, que obligaba todas las provincias a adherir a aquella norma. Ahora, se le había dado rango jurídico y se lo había armonizado con el Código Civil modificado en 2015, que estableció el criterio de la autonomía progresiva, por el cual a partir de los 13 años se considera que una adolescente puede tomar decisiones. En este caso, la de pedir la interrupción del embarazo sin que la acompañe un adulto.

También tomaba nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a adelantos en las técnicas y medicamentos a usar ante cada práctica, y se establecía que la objeción de conciencia, para negarse a realizar la interrupción del embarazo, solo puede ser ejercida por profesionales de forma individual y no en términos colectivos.  El texto, de 77 páginas, había cosechado, incluso, el respaldo explícito de los dos nombres que suenan para ministro de Salud de Alberto Fernández.

En contraposición, el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, criticó ayer el protocolo nacional y, a la vez, la intención del gobernador electo, Áxel Kicillof,  de que la Provincia adhiriese a la norma, algo a lo que la actual mandataria, María Eugenia Vida, se opuso.  

"El gobierno nacional saliente acaba de publicar en el Boletín Oficial el Protocolo para la interrupción del embarazo. Está hecho, y parece que en este tema se juntan todos", escribió en su cuenta de Twitter el prelado, de gran cercanía con el papa Francisco.

El domingo, el arzobispo platense había criticado también el anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de enviar al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto a la brevedad. La decisión fue igualmente objetada su antecesor en la Arquidiócesis de La Plata, el arzobispo emérito Héctor Aguer –una de las voces más conservadoras del episcopado argentino actual– que tildó de "abortista" al presidente electo. Aguer, además, había criticado a Kircillof por su adhesión al protocolo. 

Marcha atrás

Luego de la publicación, el Gobierno informó que publicará a la brevedad otra resolución en el Boletín para dar marcha atrás con la actualización. Desde el Gobierno,  señalaron que la resolución de la Secretaría de Salud fue inconsulta. El argumento formal para revocar la decisión de Rubinstein fue que no cumplió con los requisitos mínimos para publicar la medida. Es decir, que no informó ni pidió la opinión de la Secretaría Nacional de la Niñez, del Instituto Nacional de la Mujer y de la Agencia Nacional de Discapacidad, indicaron desde la Casa Rosada.

La novedad generó un fuerte rechazo dentro del macrismo. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y agregó: "El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".