Distribuidoras eléctricas no podrán cortar el servicio a grupos vulnerables por falta de pago

  • Miercoles, 21 de Abril de 2021 | País

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que las distribuidoras del servicio eléctrico bajo su jurisdicción no podrán, en el contexto de la emergencia sanitaria, disponer de la suspensión o el corte del suministro de energía eléctrica en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.

Los usuarios alcanzados por la Resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, y beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.

También serán alcanzados por la medida usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual dos salarios mínimos vitales y móviles.

También trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil y usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844) y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

 Por otro lado, los usuarios alcanzados no residenciales son las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo Y Economía Social (Inaes) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; las instituciones de Salud, públicas y privadas, afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.