Echaron a un secretario y prohibieron compras que superen los precios máximos

  • Miercoles, 08 de Abril de 2020 | País

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le exigió la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, que autorizó compras de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sigen, se informó oficialmente.

La decisión surge como "primer resultado de la investigación que se inició el lunes", sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.

"También se va a revisar el circuito administrativo para las compras" realizadas por la cartera, donde "no se descartan más cambios", apuntaron los informantes.

El lunes último, el Ministerio de Desarrollo Social admitió haber ordenado compras de azúcar y aceite a precios más altos que los estipulados como "precios testigos", una decisión que recibió públicos cuestionamientos.

La cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.

Con todo, en un informe elaborado por el Ministerio se explicó que "en ningún rubro se compró a una sola empresa" porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de 8 a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.

El lunes a la noche, en una entrevista con el canal de cable TN, el presidente Alberto Fernández aseguró que creía en la "honestidad" de Arroyo y apuntó contra la "cartelización de ciertos sectores" que imponen precios ante la emergencia, para "llenarse los bolsillos".

El Presidente dijo que la investigación del caso estaba abierta y advirtió que no permitirá que el Estado compre alimentos a valores por encima de los precios de referencia.


Compras de alimentos 

En una nueva derivación del escándalo generado por la compra pública de alimentos a precios más altos que los determinados por el propio Estado, el Gobierno dio a conocer anoche una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete que les prohíbe a los funcionarios pagar montos que estén por encima de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.

La decisión es la 409 y lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Con ella, el Gobierno quiere evitar que se reiteren escándalos como el de esta semana, cuando el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo, adquirió alimentos con sobreprecios por compra directa y en el marco de los procedimientos de emergencia por la pandemia de coronavirus.

La decisión administrativa no menciona esas compras, que derivaron en la renuncia del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo.

En cambio, en los fundamentos, el documento señala "que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto, presentaron la necesidad de establecer procedimientos de adquisición de bienes y servicios en la emergencia que habilitaran a todas las áreas comprometidas a dar respuestas integrales ante ella y a utilizar herramientas que otorgaran celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin mengua de la transparencia que debe primar en todo el obrar público".

La norma establece que "no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos" de la Secretaría de Comercio Interior y esto regirá para las adquisiciones en curso que no hubiesen sido adjudicadas, y las futuras.

Asimismo se instruyó a los ministros a que en los trámites que no estén finalizados se respeten, en todos los casos, los precios máximos establecidos. Lo mismo ocurre en las transacciones en las que se hubiere realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento.

Se establece, además, que se pagará exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la mencionada resolución de la Secretaría de Comercio que establece los precios máximos.