El Presidente decidió anular el decreto para intervenir y expropiar Vicentin

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que se decidió derogar el decreto que dispuso la intervención de la cerealera Vicentin y criticó al juez que lleva el concurso de la empresa por impedir que el Estado conozca el "pasivo real" de la compañía.

'Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días', dijo Alberto Fernández, en una serie de twitter, en los que aseguró que el Estado no puede asumir el riesgo de estatizar una deuda privada.

Así, el Presidente justificó la marcha atrás con la intervención y expropiación de la empresa, una medida, que generó rechazo y movilizaciones en todo el país.

El mandatario agregó: 'Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído'.

'El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía', dijo Fernández en alusión am Fabián Lorenzini, el magistrado de primera instancia de Avellaneda, Santa Fe, a cargo del concurso de acreedores.

El hilo de twetter del Presidente sobre las razones para no intervenir Vicentin.

El Presidente agregó que el Juez 'ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019'.

'El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo'.

Según indicó Fernández, la intervención por 60 días 'era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial'.

Y agregó: 'En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores'.

'He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado'.