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Sturzenegger, sobre la inversión que perdió Buenos Aires

«Habría que preguntarle a Kicillof por qué no adhirió al RIGI»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se metió ayer en la polémica por la millonaria inversión para la construcción de una planta de gas natural licuado que al final recibirá la provincia de Río Negro, en detrimento de la de Buenos Aires, y sostuvo que «habría que preguntarle» al gobernador Áxel Kicillof «por qué no adhirió al RIGI».
«Me parece bastante natural lo que ha pasado, había una provincia que se movió rápido y adoptó el RIGI, con una postura proproducción y proinversión, y otra refractaria. ¿Quién fue el caprichoso? ¿Cómo justifica no adoptar un régimen que atrae inversiones?», señaló el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.
«La provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI, habría que preguntarle a Kicillof por qué no lo hizo, lo evaluarán los bonaerenses cuando haya elecciones», planteó Sturzenegger, quien agregó que la decisión del gobernador «es bastante inentendible».
De esta forma se refirió a la planta de GNL que finalmente las empresas YPF y Petronas decidieron montar en Punta Colorada, Río Negro, a través de una megainversión que se estima de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares.
Kicillof reaccionó a esta noticia con críticas y sostuvo que la ciudad bonaerense de Bahía Blanca no recibió la inversión por una cuestión política, en alusión a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.
Por otro lado, Sturzenegger destacó la tarea de la nueva cartera que tiene a cargo y señaló que contiene «dos áreas, una de ellas ayudar al proceso de transformación del Estado, que es un mandato que recibió Javier (Milei) de ordenar el gasto público, la gente se dio cuenta de que cada gasto se paga, que la plata no sale de un repollo o del aire».
«Debemos concentrar el gasto público en las cosas que sirven, es un proceso que se viene ejecutando y que la Ley de Bases va a acelerar», remarcó.
Al respecto, dijo que «después hay otra dimensión de lo que hacemos en el Ministerio, que es la desregulación del Estado, otro mandato que ha tenido Milei y que él lo sintetiza en lo que dice de hacer de Argentina el país más libre del mundo, y para eso estamos removiendo todos los impedimentos y trámites que existen».
«Hay una ley de la época de (el expresidente de facto Alejandro Agustín) Lanusse que le permite al gobierno interrumpir reuniones privadas. Es inconstitucional y es insólito que siga vigente, también hay otras leyes que te mandan a hacer trámites donde no hay lugar para hacerlos», ejemplificó.
Sobre cómo seguirá la estrategia de desregulación y reforma del Estado del Gobierno, Sturzenegger dijo que «la Ley de Hojarascas es el comienzo de una segunda etapa en la relación con el Congreso, tras la primera etapa con la Ley de Bases, y se viene también el proyecto de reforma educativa y llegarán otros proyectos en la tónica de desburocratizar y dejar de complicar la vida a los argentinos».
«Hay organismos del Estado que funcionan bien y también hay casos como que el gobierno nacional sigue manejando seis hospitales públicos cuando la salud es provincial, lo lógico sería traspasarlos a las provincias. También hay organismos que podrían fusionarse porque superponen funciones con otros, como pasó con el Inadi, que tenía competencias que tenía también el Ministerio de Justicia», especificó.

Mayra Mendoza

Sobre la decisión de YPF de instalar la planta de GNL en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró que es «preocupante y penosa».
«Es preocupante y penoso que se tomen decisiones de inversión tan importantes como la de YPF en base a cuestiones puramente ideológicas y personales, y no teniendo en cuenta lo mejor para la empresa y, sobre todo, para los argentinos y argentinas, como hubiese sido haber elegido a Bahía Blanca como puerto de exportación», subrayó la mandataria comunal.
Tras el anuncio de la instalación de la planta en Río Negro, Mendoza sostuvo que «está claro que no es una decisión de la empresa, sino que se debe a un capricho del presidente Javier Milei para castigar a los habitantes de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires».

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