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tasas y facturas

Provincia advierte por riesgo de desaparición de 200 cooperativas eléctricas

En las últimas horas, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, puso la firma para que solicitar que la Fiscalía de Estado ponga a disposición las herramientas necesarias para que el Ejecutivo bonaerense de Axel Kicillof y los jefes comunales puedan aplicar las tasas municipales y provinciales.

En rigor, el Gobernador dispuso en la resolución que lleva la firma de Katopodis publicada en el Boletín Oficial bonaerense que la Justicia, a partir de dos dictámenes de la Asesoría General del Gobierno, defina si amerita una presentación judicial ante el máximo tribunal, una situación que ya tiene antecedentes en la provincia de Buenos Aires.

Según precisaron desde el Gobierno bonaerense, la resolución de la Secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía de la Nación avanza sobre las competencias municipales y sobre el marco normativo provincial, al tiempo que hace peligrar el funcionamiento de doscientas cooperativas eléctricas.

En paralelo, desde la administración de Kicillof sostienen que la resolución nacional “intenta quitar de la factura conceptos como el de contribución provincial, contribución municipal o el del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias”, cuyo propósito es clave para el sostenimiento del servicio, ya que compensa las diferencias de costos propios de distribución reconocidos entre los distintos concesionarios provinciales y municipales.

Según Katopodis, el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias posibilita que “usuarios de características similares de consumo en cuanto a uso y modalidad, abonen por el suministro iguales cantidades de energía eléctrica e importes equivalentes independientemente de las particularidades a que den lugar su ubicación geográfica o forma de prestación”.

En concreto, durante el 2023, las cooperativas con menos de 5.000 usuarios, que representan más del 75% de las prestadoras del sector, fueron destinatarias del 77% de los aportes, que se esfumarán si la solicitud del Gobierno bonaerense es rechazada.

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